Un Debate que Nos Convoca a Todos
Recientemente, el gobierno dominicano presentó un proyecto de ley que busca regular la libertad de expresión y los medios digitales, incluyendo redes sociales. Según reportes, esta iniciativa propone crear el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), establecer sanciones por infracciones graves (como multas de 30 a 200 salarios mínimos o suspensiones de hasta 90 días) y regular plataformas digitales, exigiendo que sus términos de servicio sean compatibles con estándares de derechos humanos.
Aunque el proyecto asegura querer proteger el derecho a la información y modernizar leyes obsoletas, ha generado preocupación. Muchos temen que, bajo el pretexto de “proteger la comunicación”, se pueda limitar la libertad de expresión, especialmente en redes sociales, donde los dominicanos compartimos ideas, críticas y verdades. Publicaciones en X reflejan esta inquietud, describiendo la ley como una posible “mordaza” que amenaza la prensa y las voces ciudadanas.
En GadgetDominicana.com creemos que la solución no está en regular o controlar, sino en empoderar. En lugar de leyes que puedan percibirse como restrictivas, proponemos un camino que fortalezca a la ciudadanía, fomente la responsabilidad mediática y combata la desinformación desde la educación y la transparencia. Este artículo presenta propuestas prácticas para que cada dominicano y dominicana sea un agente de cambio en el ecosistema digital, enriquecidas con lecciones de América Latina y Europa, regiones que han enfrentado debates similares sobre la libertad de expresión.
Nuestras Propuestas: Empoderar, Educar, Colaborar
1. Fomentar la Responsabilidad Mediática con Ética, No Castigos
En vez de sanciones que puedan intimidar a medios y creadores de contenido, el gobierno debería apoyar iniciativas que refuercen la ética periodística y la autorregulación. ¿Cómo lograrlo?
- Códigos éticos accesibles: Invitar a medios, periodistas y creadores digitales a adoptar códigos de conducta que prioricen la veracidad, la imparcialidad y el respeto. Estos códigos deben ser públicos, claros y creados con la participación de la sociedad civil.
- Verificación independiente: Financiar y promover organizaciones dominicanas de verificación de hechos, como un “Observatorio de la Verdad” local, que analice información y desmienta rumores sin depender del gobierno.
- Rendición de cuentas transparente: Crear plataformas donde la ciudadanía pueda reportar noticias falsas o prácticas poco éticas, y donde los medios respondan de forma abierta, sin temor a represalias.
Por qué importa: Los medios son aliados de la democracia, no adversarios. Fortalecer su compromiso ético genera confianza, no miedo.
2. Educar para Empoderar: Alfabetización Mediática para Todos
La mejor defensa contra la desinformación es una ciudadanía informada. Necesitamos que cada dominicano, desde estudiantes hasta abuelos, tenga herramientas para navegar el mundo digital con criterio.
- Programas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI): Implementar talleres en escuelas, universidades y comunidades, enseñando a identificar fuentes confiables, detectar sesgos y analizar titulares. Por ejemplo, un programa como “Dominicana Chequea” podría ser parte del currículo escolar.
- Campañas nacionales de pensamiento crítico: Usar medios tradicionales y digitales para difundir mensajes como “¡Cuestiona, verifica, comparte!” que motiven a la gente a no compartir rumores sin comprobar.
- Recursos digitales gratuitos: Crear una plataforma en línea con guías, videos y juegos interactivos sobre cómo evaluar información, accesible desde cualquier celular o computadora.
Por qué importa: Una ciudadanía educada no cae en trampas de desinformación y ejerce su libertad de expresión con responsabilidad.
3. Combatir la Desinformación desde la Transparencia
En lugar de regular contenidos, el enfoque debe ser atacar las fuentes de desinformación organizada y promover un ecosistema digital más justo.
- Rastrear la desinformación patrocinada: Crear una unidad especializada, independiente del gobierno, que identifique campañas de desinformación, especialmente aquellas financiadas por intereses políticos o externos.
- Transparencia en redes sociales: Exigir a plataformas como X, Instagram o YouTube que expliquen cómo funcionan sus algoritmos y que prioricen contenido verificado en temas sensibles, como elecciones o salud pública.
- Fortalecer leyes existentes: Aplicar de manera justa las leyes de difamación y calumnia para proteger a ciudadanos de ataques maliciosos, pero sin coartar críticas legítimas al poder. Como señalan usuarios en X, leyes como la 6132, 53-07 y el Código Penal ya cubren difamación y ciberacoso, lo que sugiere que no se necesitan nuevas restricciones.
Por qué importa: La desinformación prospera en la opacidad. Con transparencia, la verdad tiene más espacio para brillar.
4. Diálogo y Colaboración: Todos Somos Parte de la Solución
El futuro de la libertad de expresión no se construye con imposiciones, sino con consensos. Necesitamos espacios donde gobierno, medios, plataformas y ciudadanos trabajen juntos.
- Mesas de diálogo multisectorial: Crear foros permanentes donde periodistas, activistas, académicos y empresas tecnológicas discutan soluciones a los retos digitales. Por ejemplo, un “Consejo Ciudadano por la Información” que asesore al Congreso.
- Alianzas con plataformas digitales: Colaborar con redes sociales para implementar etiquetas de advertencia en contenido dudoso o promover campañas de alfabetización mediática.
- Incentivos para la pluralidad: Apoyar a medios locales y creadores de contenido independientes con fondos o capacitaciones, asegurando que todas las voces, especialmente las marginadas, tengan espacio.
Por qué importa: La diversidad de ideas fortalece la democracia. Nadie debe sentirse silenciado.
Lecciones desde América Latina: Lo que Otros Países nos Enseñan
El debate sobre la libertad de expresión no es nuevo en nuestra región. Varios países han implementado leyes para regular medios y plataformas digitales, con resultados que van desde avances democráticos hasta retrocesos autoritarios. Conocer estas experiencias nos ayuda a entender los riesgos y oportunidades del proyecto dominicano.
Venezuela: La Ley Contra el Odio (2017)
La “Ley Contra el Odio” penaliza el discurso de odio en línea con hasta 20 años de prisión y exige a plataformas digitales eliminar contenido en 6 horas. Su vaguedad ha permitido censurar medios críticos, cerrar sitios web y generar autocensura. Venezuela ocupa el puesto 159 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa (2022). Lección: Leyes ambiguas con sanciones severas pueden convertirse en herramientas de represión, un riesgo si el Inacom dominicano no opera con transparencia.
Nicaragua: Ley de Ciberdelitos (2020)
Esta ley castiga la difusión de “información falsa” con hasta 4 años de prisión, sirviendo para procesar periodistas, cerrar medios y forzar el exilio de comunicadores. Nicaragua es uno de los peores países en libertad de expresión según el Índice Chapultepec. Lección: Regular “noticias falsas” sin definiciones claras puede silenciar voces disidentes, algo que RD debe evitar con salvaguardas judiciales.
Cuba: Decreto-Ley 35 (2021)
Tras protestas en 2021, Cuba aprobó el Decreto-Ley 35, que permite censurar contenido digital “contrario a los intereses del Estado” sin supervisión judicial. Esto ha limitado el acceso a internet, bloqueado sitios independientes y reprimido a blogueros. Cuba es el país con menos libertad de prensa en la región (puesto 173 mundial). Lección: Dar al Estado poder discrecional sobre contenidos digitales puede sofocar la libertad, un peligro si el Inacom no es independiente.
Argentina: Debate sobre el Discurso de Odio (2022)
Argentina propuso regular el “discurso de odio” en redes sociales, pero la iniciativa fue descartada tras críticas de la sociedad civil, que temía restricciones a la libertad de expresión. El país ha avanzado al despenalizar el discurso sobre asuntos públicos. Lección: La participación ciudadana y definiciones claras son clave para evitar leyes que limiten derechos, un modelo que RD puede seguir.
Uruguay: Reforma a la Ley de Medios (2019)
Uruguay ha fortalecido la libertad de expresión eliminando restricciones y promoviendo la autorregulación. En 2019, un fallo judicial protegió a medios frente a demandas de réplica, priorizando la libertad de prensa. Capacitaciones a jueces en estándares internacionales han sido clave. Lección: Fomentar la autorregulación y educar al poder judicial protege la libertad sin necesidad de sanciones, un enfoque que RD podría adoptar.
¿Qué Aprendemos?
- Riesgos: En Venezuela, Nicaragua y Cuba, leyes vagas han restringido la libertad, promovido la autocensura y debilitado la democracia. RD debe evitar sanciones severas y garantizar la independencia del Inacom.
- Oportunidades: Uruguay y Argentina muestran que la autorregulación, la educación judicial y la participación ciudadana protegen la libertad de expresión sin coartar derechos.
- Camino para RD: Definir claramente los alcances de la ley, involucrar a la sociedad civil y priorizar la educación mediática son pasos esenciales.
Mirando a Europa: Lecciones sobre Libertad de Expresión
Europa, cuna de muchos principios democráticos, también ha enfrentado dilemas sobre cómo regular la libertad de expresión, especialmente en la era digital. La Unión Europea (UE) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) garantizan este derecho, pero países han implementado leyes que, a veces, lo restringen bajo el pretexto de proteger otros valores, como la seguridad o la cohesión social. Aquí analizamos casos clave y sus implicaciones para República Dominicana.
Alemania: Leyes contra el Discurso de Odio (NetzDG, 2017)
La Ley de Aplicación de la Red (NetzDG) obliga a plataformas digitales a eliminar contenido ilegal, como discurso de odio o negación del Holocausto, en 24 horas, bajo multas de hasta 50 millones de euros. Aunque busca combatir el extremismo, ha sido criticada por fomentar la censura privada, ya que empresas como Facebook y X tienden a eliminar contenido ambiguo para evitar sanciones. Según Reporters Without Borders, Alemania pasó de un puntaje de 10.24 en libertad de prensa en 2013 a 14.8 en 2016, reflejando un retroceso. Lección: Leyes que presionan a plataformas para actuar rápido pueden generar censura excesiva, un riesgo si RD impone plazos estrictos al Inacom.
Francia: Leyes contra el Terrorismo y el Discurso de Odio
Francia prohíbe la negación del Holocausto (Ley Gayssot, 1990) y el discurso de odio, con penas que incluyen multas y prisión. En 2020, tras el asesinato del profesor Samuel Paty, el gobierno defendió la republicación de caricaturas de Charlie Hebdo como libertad de expresión, pero también arrestó a activistas por discursos considerados “apología del terrorismo”. Un caso notable es el de Hervé Eon, multado por insultar al presidente Sarkozy con un cartel, aunque la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) anuló la condena por violar su libertad de expresión. Lección: Equilibrar la protección contra el odio con la libertad de crítica requiere definiciones claras y revisión judicial, algo que RD debe priorizar.
Polonia: Ley sobre la Memoria del Holocausto (2018)
Polonia aprobó una ley que penalizaba acusar al país de complicidad en crímenes nazis, incluyendo el uso de términos como “campos de exterminio polacos”. Tras críticas internacionales, la ley fue suavizada, pero reflejó un intento de controlar narrativas históricas. Polonia cayó de un puntaje de 13.11 en libertad de prensa en 2013 a 23.89 en 2016, según Reporters Without Borders. Lección: Leyes que buscan proteger la identidad nacional pueden restringir el debate académico y público, un riesgo si RD regula contenidos sensibles sin transparencia.
Reino Unido: Ley de Orden Público (1986)
La Ley de Orden Público prohíbe expresiones de odio racial, con penas que incluyen multas y prisión. Aunque protege a minorías, ha sido usada para sancionar discursos políticos, como críticas al estilo de vida gay o comentarios antirreligiosos. El Reino Unido pasó de un puntaje de 16.89 en libertad de prensa en 2013 a 21.7 en 2016. Lección: Leyes amplias sobre discurso de odio pueden aplicarse de forma subjetiva, un peligro si RD no establece límites claros para sanciones.
Unión Europea: Ley de Servicios Digitales (DSA, 2022)
La DSA obliga a plataformas con más de 45 millones de usuarios, como X, a moderar contenido ilegal, incluyendo desinformación y discurso de odio, bajo amenaza de multas de hasta el 6% de sus ingresos globales. En 2024, la UE investigó a X por sus políticas de moderación, generando tensiones con Elon Musk, quien calificó la DSA de “censura”. Publicaciones en X reflejan preocupaciones sobre la DSA, argumentando que podría limitar la libertad de expresión al dar a los gobiernos poder sobre contenidos digitales. Lección: Regular plataformas digitales requiere un equilibrio entre combatir la desinformación y proteger la libertad, algo que RD debe considerar al regular redes sociales.
Casos de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)
La CEDH, que supervisa el cumplimiento del CEDH, ha protegido la libertad de expresión en casos clave:
- Caso A1+ (Armenia): La CEDH dictaminó que negar una licencia a un canal de TV violó su libertad de expresión, lo que llevó a reformas en Armenia.
- Caso Castells (España): Un senador fue condenado por criticar al gobierno, pero la CEDH anuló la sentencia, fortaleciendo la protección del discurso político en España.
- Caso Baldassi (Francia): La CEDH defendió el derecho de activistas a llamar al boicot de productos israelíes, considerando que era una expresión política legítima. Lección: La revisión judicial independiente es crucial para proteger la libertad de expresión, un modelo que RD puede emular.
¿Qué Aprendemos de Europa?
- Riesgos: Leyes como la NetzDG alemana o la DSA muestran que regulaciones bien intencionadas pueden llevar a censura privada o autocensura si no hay claridad y supervisión. RD debe evitar sanciones que intimiden a plataformas o creadores.
- Oportunidades: La CEDH demuestra que tribunales independientes pueden corregir abusos, mientras que países como Suecia, con fuertes leyes de prensa, priorizan la autorregulación.
- Camino para RD: Garantizar la independencia del Inacom, capacitar jueces en estándares internacionales y fomentar la participación ciudadana son pasos clave para proteger la libertad de expresión.
