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Este podría ser un golpe mortal, sancionan por faltas muy graves a VIVA por 370 millones de pesos

por Isaac Ramírez 0

   
  • En el año 2017 las empresas Altice y Claro habrían presentado denuncias por el uso ilegal de las frecuencias del Estado por parte la empresa VIVA
  • En Agosto de 2017 el INDOTEL notificó a VIVA que debía abstenerse de usar las frecuencias propiedad del Estado
  • En 2018, las autoridades de entonces del Indotel iniciaron un proceso administrativo sancionador por las mismas causas contra Trilogy dominicana caducó en 2020
  • US$5.1 millones se refiere al monto que el Estado Dominicano dejó de percibir durante el período que la empresa utilizó, de manera ilegal, las frecuencias
  • Como resultado de la sanción el órgano regulador ordena a Trilogy Dominicana (Viva) abandonar de forma inmediata las frecuencias
  • Trilogy Dominicana / VIVA, entre los operadores en República Dominicana, ocupa el tercer puesto con y cuenta con 530, 929 usuarios.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sancionó a la compañía Trilogy Dominicana (Viva), que la obliga a pagar RD$77.3 millones y US$5.1 millones por faltas administrativas «tipificadas como muy graves y graves en la ley que regula el sector».

ImagenLa empresa, que pertenece al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, habría incurrido en la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia y la utilización no autorizada del espectro radioeléctrico, infringiendo los artículos 105 y 106 de la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, dice el Indotel en un comunicado de prensa.

La decisión fue adoptada mediante la resolución 064-2021, aprobada por el Consejo Directivo del Indotel en fecha del 8 de julio de 2021 y comunicada hoy al país a través de un comunicado de la institución.

Indotel informó que las empresas Altice y Claro habían presentado denuncias por el uso ilegal de las frecuencias en el año 2017. La compañía CLARO había presentado nueva vez su denuncia formal ante Indotel contra Trilogy Dominicana el 11 de julio de 2020, reiterada el 8 de octubre del mismo año.

«Esta decisión es resultado de un proceso administrativo sancionador iniciado, de oficio, por Indotel el 9 de octubre de 2020, durante el cual se garantizó a  Trilogy Dominicana (Viva) todos sus medios de defensa en el marco del debido proceso previsto en la legislación aplicable», indica el comunicado.


Antecedentes

Desde el 4 de agosto de 2017 la Dirección Ejecutiva del Indotel viene notificando a la concesionaria que debía abstenerse de la prestación de servicios a través de las frecuencias propiedad del Estado, comprendidas en los segmentos de 2110 a 2120 MHz y 2130 a 2135 MHz. Con anterioridad, específicamente en 2018, las autoridades de entonces del Indotel iniciaron un proceso administrativo sancionador por las mismas causas contra Trilogy Dominicana (Viva), que fue declarado caduco el 15 de enero de 2020.

Mediante la resolución 064-2021, Indotel condenó a Trilogy  Dominicana (Viva) con 230 cargos por incumplimiento, que acarrea una sanción de RD$23.3 millones, mientras que por tasas correspondientes al tiempo en que usó las frecuencias de manera ilegal, la empresa deberá realizar el pago de RD$54 millones. Los US$5.1 millones se refiere al monto que el Estado Dominicano dejó de percibir durante el período que la empresa utilizó, de manera ilegal, las frecuencias propiedad del Estado. La suma total adeudada en pesos dominicanos es de unos RD$369,167,167.00.

El órgano regulador ordena a Trilogy Dominicana (Viva) abandonar de forma inmediata las frecuencias, sobre las que, de manera ilícita, ha estado ofreciendo servicio a sus clientes. La prestadora de servicios representa un 5.4% de la cuota total del mercado dominicano de las telecomunicaciones, con 530, 929 clientes, de los cuales 30,064 son usuarios post pago, según el más reciente reporte enviado al Indotel.

La autoridad reguladora de las telecomunicaciones dispuso, además, que Trilogy Dominicana (Viva) adopte las medidas pertinentes para que sus usuarios puedan continuar recibiendo los servicios contratados a través del uso de las frecuencias que le han sido autorizadas.

El artículo 99 de la Ley General de Telecomunicaciones dispone que los actos administrativos del órgano regulador son de obligado cumplimiento, salvo mandato judicial que expresamente señale lo contrario.

Obviamente no nos alegramos que un operador tan competitivo en República Dominicana fruto de una desafortunada situación como esta deba cerrar sus puertas, pero para ser justos, la ley debe aplicarse por igual a todos los jugadores.

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