Hace apenas unos días, está en la palestra tecnológica mundial el hecho de que el Gobierno australiano autorizará a las compañías que proporcionan importantes servicios sobre economía a interceptar los e-mail, y otras comunicaciones a través de Internet, de sus empleados bajo una nueva ley de seguridad contra el terrorismo.
“Esto se trata de vigilar nuestra infraestructura. Si nuestro sistema bancario o si nuestro sistema electrónico se colapsan, obviamente habría graves consecuencias para la sociedad…”, asegura Julia Gillard, una Ministro australiana, “…Y queremos estar seguros de que estamos a salvo de cualquier ataque terrorista”, sentencia Gillard.
Esta nueva ley ha planteado serias críticas entre los grupos pro defensa de las libertades civiles. “Es más probable que lo usen como una caza de brujas más que para proteger a Australia de cualquier ciberataque”, afirma la integrante de Fronteras Electrónicas (grupo que representa a los usuarios de Internet), Dale Clapperton.
